Despacho de abogados en Castellón de la Plana

De hecho, son muchas las empresas que ya disfrutan del asesoramiento jurídico de sus Órganos de Gobierno, pero existen otras muchas que, por desconocimiento, infringen la normativa legal provocando conflictos que acaban en los Tribunales o pueden acabar perjudicando a la empresa.

En el ámbito empresarial existe, por lo general, un gran desconocimiento respecto a que la Ley obliga, a ciertas empresas, a disponer de letrado asesor (Abogado en ejercicio colegiado), para el asesoramiento del administrador o del consejo de administración.

La Ley 39/1975 de 31 de octubre, sobre designación de letrados asesores del órgano administrador de determinadas sociedades mercantiles, establece la obligatoriedad de nombramiento de Letrado asesor, a aquellas sociedades domiciliadas en España, que dispongan de un capital igual o superior a 300.000 euros, a las que tengan un volumen anual de operaciones superior a 600.000 euros o a las que tengan un número de trabajadores superior a cincuenta. Es decir, una gran mayoría de empresas. 

El cumplimiento es muy importante, no solo para que el gerente, consejero o administrador pueda tomar las decisiones y acuerdos sobre la base de una fundamentación jurídica, sino también para evitar el incumplimiento de la Ley y las consecuencias que conlleva.

El punto cuatro del artículo primero de la expresada Ley dispone: “El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley será objeto de expresa valoración en todo proceso sobre responsabilidad derivada de los acuerdos o decisiones del órgano administrador.”

La importancia de que los órganos sociales de la empresa que están obligadas a ello, dispongan de Letrado asesor, es aún mayor desde la reforma del Código Penal del año 2010 que convierte a las personas jurídicas en sujetos del derecho penal susceptibles de cometer delitos, al margen de las personas físicas que la integren, y que pueden ser condenadas a importantes multas económicas e incluso a la disolución, máxime desde la modificación del art. 31 bis del Código Penal en 2015 que ha generado la necesidad de implantar en las organizaciones sistemas de control del cumplimiento, conocidos como corporate compliance.